La primera audiencia del proceso se realizó este lunes, de forma telemática, y según reportes de la prensa local enfrentó a los familiares y sus representantes con autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y del Ministerio del Interior.
Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), afirmó durante la diligencia que algunos familiares llevan hasta 10 meses sin poder comunicarse con sus parientes privados de libertad.
Los familiares aseguran que han presentado más de 70 solicitudes y más de 180 habeas corpus, recursos judiciales destinados a proteger la libertad y los derechos de las personas detenidas, en busca de información y mecanismos para mantener el contacto.
Las autoridades justificaron las restricciones a las visitas presenciales por razones de seguridad, al señalar que el ingreso de familiares podría facilitar la introducción de objetos prohibidos en el centro penitenciario.
El Ministerio del Interior indicó que se habilitaron visitas telemáticas, una versión cuestionada por uno de los abogados de los presos.
Los demandantes solicitan que se establezca un protocolo que les permita acceder a información sobre el estado de salud, la ubicación y el régimen de detención de sus familiares recluidos en la prisión.
Tras cuatro horas de audiencia, la jueza ordenó al SNAI presentar en un plazo máximo de cinco días la documentación y las pruebas relacionadas con los protocolos de visita y comunicación.
En agosto pasado hubo una protesta en las afueras de El Encuentro para denunciar, además de la incomunicación, la falta de alimentos, medicamentos y atención médica.
“Ellos ya cumplen una sentencia. Nosotros no decimos que no la cumplan, pero ellos tienen dignidad de vivir bien, comer bien y tener por lo menos una visita familiar”, expresó una de las participantes.
La Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia costera de Santa Elena, fue construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa y destinada principalmente a personas consideradas integrantes o líderes de organizaciones criminales.
No obstante, allí se encuentran acusados como el exvicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quienes muchos consideran prisioneros políticos.
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