La participación extranjera fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 424, con el que el gobernante volvió a reconocer la existencia de un conflicto armado interno y dispuso mecanismos de cooperación internacional para enfrentar a los grupos criminales en el país.
El expresidente Rafael Correa sostuvo que la declaratoria de conflicto armado interno “confiere a vulgares grupos criminales el estatus de beligerantes y, en consecuencia, amparados por el marco jurídico de los conflictos armados”.
Correa también cuestionó la posibilidad de conceder indultos o amnistías y cuestionó la inmunidad para personal extranjero, al considerar que la medida representa una cesión de soberanía.
Durante un acto en la provincia de Santa Elena para la entrega de aeronaves al Ejército, Noboa afirmó que “militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”,
“Esta medida es resultado de meses de trabajo, especialmente durante nuestra última reunión en el Pentágono”, señaló el mandatario en referencia al encuentro del pasado lunes con el secretario de Defensa o de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en Washington.
El presidente añadió que “desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo”.
Según informó la Presidencia en un comunicado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Estados cooperantes coordinarán acciones para recuperar y garantizar la seguridad en los territorios afectados por la violencia criminal.
El decreto 242 también establece que el personal extranjero que participe en estas operaciones gozará de inmunidad de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales aplicables.
La normativa dispone que el presidente podrá conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles que intervengan en acciones relacionadas con el conflicto armado interno.
Además, exhorta a la Asamblea Nacional (Parlamento) a considerar amnistías para quienes hayan actuado en defensa del Estado durante estas operaciones.
Legisladores de oposición rechazaron el decreto, entre ellos Héctor Rodríguez, de la Revolución Ciudadana (RC) para quien “ningún presidente tiene derecho a hipotecar la soberanía nacional para maquillar su incapacidad de gobernar”.
Esto se inscribe dentro de la Doctrina Monroe, promovida por el trumpismo para controlar América Latina, advirtió el parlamentario Fernando Cedeño, también de la RC.
Aunque en ocasiones anteriores Estados Unidos ha participado en acciones conjuntas con las fuerzas ecuatorianas, hasta el momento, el Ejecutivo no ha precisado qué países participarán en las operaciones de esta nueva etapa contra el crimen.
El anuncio sobre el despliegue extranjero se produce en medio de un nuevo estado de excepción vigente en 10 provincias y tres cantones del país, decretado por el Gobierno esta semana.
Ecuador registró en 2025 una tasa de 50,9 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta desde que existen registros oficiales, y en lo que va de año persisten los hechos violentos a pesar de la militarización, toque de queda y otras medidas.
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