Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

El caso de las 31 maletas originado en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Viru Viru, departamento de Santa Cruz, y puesto en la palestra pública solo en la cuarta semana de enero del año en curso, mantiene en el cuaderno de investigaciones al menos a siete personas, entre ellas, la exdiputada Laura Rojas.

Sin embargo, un informe presentado a manera de denuncia por Pacheco al que tuvo acceso la publicación digital Urgente.Bo, revela que existe un nombre clave dentro de esta pesquisa que las autoridades mantienen al margen de sus indagaciones.

De acuerdo con el informe de Pacheco, enviado el 14 de julio de este año al diputado Egidio Arce, presidente de la Comisión Especial de Investigación Integral de la cámara baja, se trata de Bruno Sánchez, quien registró y entregó el equipaje en calidad de representante legal del vuelo.

Indica la publicación que, entre el 28 y 29 de noviembre de 2025, se realizó el vuelo chárter Gulfstream G-550, el cual partió de Burbank, California, con destino final en Viru Viru.

Precisa el escrito que de la aeronave fueron descargadas 31 maletas, con un peso aproximado de 620 kilogramos, declaradas como equipaje diplomático, a partir de un pasaporte que ilegalmente poseía la exlegisladora, carga que fue depositada como custodia aduanera.

En este contexto, Bruno Sánchez figura en documentos aduaneros como representante del vuelo chárter, advierte la denuncia.

“No aparece como tripulante ni como pasajero en la Declaración General, registra y entrega el equipaje al personal de turno de la Aduana Nacional, mediante el formulario de registro de equipaje rezagado número 189”, describe el informe.

El escrito presentado por Pacheco a la comisión sugiere adoptar una línea de investigación sobre el caso de Bruno Sánchez.

“Los documentos aduaneros lo identifican como el representante del vuelo que registró y entregó físicamente las 31 maletas mediante el formulario número 189 -acota el documento-, sin embargo, no figura como tripulante ni como pasajero en la declaración general de la aeronave, no consta su acreditación como representante de ninguna de las dos empresas operadores, y no ha sido citado ni investigado por la Fiscalía (…)”.

También exige el diputado que se establezca quiénes tramitaron y autorizaron el permiso, por qué la discrepancia entre operador autorizado y operador real no impidió la operación del vuelo; quiénes son los beneficiarios finales de ambas empresas y si la anomalía responde a una falta de control o a un mecanismo deliberado para encubrir la titularidad real de la operación aérea.

Hasta el presente, las personas investigadas suman siete, entre ellas la exdiputada Rojas, quien permanece detenida preventivamente en la prisión de Palmasola; al igual que el juez anticorrupción de Santa Cruz Hébert Zeballos, propietario del galpón al que fueron a parar las maletas, en el cual tras un registro policial se encontró un cargamento de drogas.

El 15 del mes en curso, el fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, confirmó que los investigados en el denominado caso “narcomaletas” permanecen detenidos preventivamente, mientras avanzan las pesquisas y se gestiona cooperación internacional para esclarecer esta ilícita.

Informó que la pesquisa sobre el ingreso irregular de las 31 valijas procedentes de Estados Unidos continúa en su etapa preparatoria, con plazo de conclusión en noviembre.

Según la máxima autoridad del Ministerio Público en un informe presentado a la ALP, “lo principal es que seguimos dentro del plazo legal para desarrollar todas las diligencias necesarias y esclarecer este hecho”.

Recordó que los hechos investigados ocurrieron el 29 de noviembre de 2025.

Sin embargo, subrayó que la fiscalía tomó conocimiento del caso casi dos meses después, tras un allanamiento al galpón donde se encontró sustancia controlada.

Consideró que “si hubiéramos conocido el caso cuando ocurrieron los hechos, probablemente la investigación habría seguido otro curso; lamentablemente lo conocimos recién el 20 de enero y desde ese momento iniciamos todas las actuaciones investigativas”, enfatizó.

En relación con el destino final y el contenido de las 31 maletas sobre las que el Gobierno y los medios oficiales y oficiosos han mantenido silencio en los últimos meses, la autoridad reconoció que la pesquisa aún no logró establecer qué ocurrió con ellas ni su paradero.

De otro lado, el 19 de abril último, el vicepresidente de Bolivia, Édman Lara, realizó la presentación de un informe policial, en el cual se aseguró que en el vuelo de marras se encontraba la exdiputada Rojas con un ciudadano italiano y sus hijas menores de edad, de las cuales el padre sería hasta el 15 de ese mes gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Juan José Galbarro, quien sorpresivamente fue destituido 24 horas después.

Según el también titular de la ALP, Lara, “cuatro personas estarían llegando desde Estados Unidos de nombres: Gabriel Giuliano Leoni, de nacionalidad italiana; Laura Rojas Ayala, de nacionalidad boliviana. Y bueno, dos menores de edad que según este informe serían las hijas de Laura Rojas (…)”, lo cual no fue informado por la Policía.

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