Al intervenir en el habitual encuentro de la mandataria con periodistas, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, mencionó que entre las razones de esta normativa, que será enviada al Congreso, se encuentra la existencia de tipos penales fragmentados.

Refirió que las 32 entidades federativas regulan este ilícito de forma diferente en relación a los elementos del tipo penal, las razones de género, las agravantes y las penas.

Las fiscalías, además, no cuentan con protocolos homologados y obligatorios para investigar y perseguir el feminicidio, así como atender a las víctimas, y sostuvo que la ausencia de registros públicos homologados impide, entre otras cuestiones, la detección de contextos de riesgo.

Para dar respuesta a esta problemática, el 6 de mayo se reformó la Constitución con el propósito de facultar al Legislativo para emitir la Ley General en este ámbito.

Alcalde resaltó que con la normativa se homologa el tipo penal y queda claro que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, entre las cuales están signos de violencia sexual, antecedentes de violencias contra la víctima y contextos de asimetría de poder.

La legislación establece una pena en todo el país de 50 a 70 años de prisión, además de 19 agravantes para aumentarla en diferentes circunstancias, entre estas, cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad.

También en el caso de que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; el crimen se cometa por una persona servidora pública, o la víctima presente signos de violencias como ataques con ácido o sustancias inflamables.

“También destacar que se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad a las dos terceras partes”, apuntó Alcalde, al comentar que la ley incluye sanciones adicionales, como pérdida de derechos sucesorios y patria potestad.

En caso de que un funcionario cometa este ilícito, será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.

Alcalde añadió que se prohíben excusas absolutorias o atenuantes por feminicidio; el delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles, y no proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistías.

La encargada de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, dijo por su parte que está contemplada la reparación integral del daño y expuso que las entidades responsables deben de atender el bienestar de las víctimas indirectas, con énfasis en los hijos.

Subrayó que las personas, medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas, y todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar el derecho a la verdad.

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