La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) convocó a una rueda de prensa este miércoles e informó que solicitó el embargo del crédito que el Gobierno pretende destinar para cumplir con la sentencia arbitral.

El colectivo aseguró que, tras décadas de litigio, esta decisión “revictimiza” a las poblaciones indígenas y campesinas que siguen conviviendo con la contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana.

El conflicto se remonta a operaciones de Texaco, luego absorbida por Chevron, entre 1964 y 1992 en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana.

Según datos presentados por los afectados, la empresa vertió miles de millones de galones de desechos tóxicos en ríos y suelos y dejó cientos de fosas de crudo sin remediación, afectando la salud y la economía de miles de habitantes.

En 2011, un tribunal en Lago Agrio condenó a Chevron a pagar nueve mil 500 millones de dólares en reparación ambiental.

La transnacional rechazó la decisión, denunció fraude en el proceso y acudió al arbitraje internacional.

En 2018, un tribunal de La Haya falló a favor de la empresa de crudo y responsabilizó al Estado ecuatoriano por “denegación de justicia”, ordenándole neutralizar la sentencia nacional y pagar una indemnización.

La Procuraduría ecuatoriana informó que el reciente monto de 220 millones implica una reducción del 93,4 por ciento respecto a los tre mil 350 millones reclamados por Chevron y que el proceso continúa en una cuarta fase para definir los costos del arbitraje.

Sin embargo, para los afectados, esta reducción no atenúa la gravedad del precedente: Ecuador pagaría a una empresa que, según afirman, causó un crimen ambiental aún no reparado.

La legisladora Verónica Iñiguez-Gallardo, del movimiento Revolución Ciudadana, acusó al Gobierno de permitir que los arbitrajes internacionales “se impongan sobre la justicia ecuatoriana” y calificó el sistema como un “saqueo legalizado” que favorece a corporaciones transnacionales en detrimento de la soberanía del país.

De acuerdo con la asambleísta, Ecuador ha pagado cientos de millones de dólares a empresas transnacionales (Oxy, Perenco, RSEA, etc.), recursos que deberían ir a educación y salud.

“El arbitraje se usa como un mecanismo de «enfriamiento» (chill out), donde la amenaza de un laudo millonario disuade al Estado de regular o sancionar a las corporaciones”, señaló Íñiguez-Gallardo.

Además, la parlamentaria recordó cómo el presidente Daniel Noboa ha buscado modificar la Constitución para permitir ese mecanismo, que en el caso de Chevron se activó antes de la prohibición vigente.

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