La propuesta de ley de amnistía, aprobada por mayoría en el Congreso de Diputados el jueves último, llegó al Senado, donde la mayoría conservadora encabezada por el Partido Popular (PP) tratará de descalificarla, atribuyéndole el carácter de inconstitucional.
Con los partidos independentistas catalanes frotándose las manos y el líder en el exilio de Junts por Cataluña, Carles Puigdemont preparado para presentarse a las elecciones regionales de mayo, la iniciativa se enfrenta ahora a los debates en la Cámara Alta que pueden durar dos meses.
Una situación que desea aprovechar el PP en su férrea oposición al Gobierno de izquierdas que encabeza el presidente, Pedro Sánchez, y alinea también a agrupaciones de extrema derecha, como Vox, y a figuras ubicadas en el centro.
Ante el panorama con una alta dosis de declaraciones vehementes a través de los medios, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, recordó este martes que es el Tribunal Constitucional (TC) quien determina si una norma se ajusta o no a la carta magna.
La también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes se refirió así al informe de los letrados del Senado, el cual que ve inconstitucional la ley de amnistía.
Alegría señaló en rueda de prensa su respeto al informe que sirve de base en el Senado para admitir a trámite la legislación pese a las persistentes dudas.
‘La posición del Gobierno de España con la ley de amnistía es idéntica, la misma que tiene Europa y que además nos lo ha trasladado con absoluta claridad a través también de la Comisión de Venecia’, apuntó.
Aprovechamos también la oportunidad para pedirle al PP, que se sume a ese consenso que es tan necesario para iniciar esa nueva etapa de reconciliación con Cataluña, sentenció la vocera.
La propuesta de ley obtuvo 178 votos a favor y 172 en contra y si bien, pudiera ser la versión definitiva de la ley de amnistía, no deja cerrado un asunto tan espinoso en medio de un tenso ambiente político en el país ibérico.
En la Cámara Alta previsiblemente se intentará cambiarlo o boicotearlo en el peor de los escenarios, aunque no prosperará demasiado porque al volver a la Cámara Baja recuperará su origen.
La legislación, si finalmente es adoptada, comprende los actos cometidos para reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña, así como de desobediencia, desórdenes públicos, atentados contra la autoridad o resistencia ejecutados para permitir las consultas o en apoyo al denominado procés.
En medio de esta realidad, hay muchos frentes abiertos en la política española. La corruptela, con dos investigaciones delicadas y de gran impacto, la primera de un exasesor de un exministros y figura socialista, y la segunda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid.
Cada día aparecen presuntas pruebas que salpicarían a los socialistas del PSOE de Pedro Sánchez, y, especialmente a Díaz Ayuso, a quien piden la renuncia.
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