«Rechazamos categóricamente y no reconocemos la sentencia del tribunal contra Gutsul, consideramos que fue dictada fuera de la ley y la justicia», señala la resolución aprobada y publicada este viernes en el sitio web del Parlamento de Gagaúzia.

De acuerdo con el documento, se registraron «numerosas violaciones» durante el proceso judicial, en particular, mencionan la falta de pruebas objetivas e irrefutables de culpabilidad de Gutsul; un obvio sesgo del tribunal y la presión de las fuerzas políticas gobernantes de Chisináu; así como restricciones en el derecho a la plena protección y asistencia médica.

En este contexto, los autores de la resolución denunciaron el uso del sistema judicial como «herramienta» de la represión política y subrayaron que la sentencia fue «políticamente motivada» y tenía por objetivo eliminar al ejecutivo autonómico legítimamente elegido de Gagaúzia.

El 5 de agosto, la justicia moldava sentenció a Gutsul, crítica con la presidenta del país, Maia Sandu, a siete años de cárcel por la supuesta financiación ilegal del partido opositor Sor en 2023, declarado más tarde inconstitucional en el país.

La tensión entre Gutsul y Sandu aumentó desde que la primera venciera en los comicios regionales para elegir al gobernador de Gagaúzia, en mayo de 2023.

Tras su triunfo en la votación, la gobernadora de Gagaúzia debía incorporarse al gobierno central moldavo como manda la Constitución, pero Sandu se negó a incluirla.

Gagaúzia, región autónoma situada en el sur de Moldavia, apuesta por preservar las relaciones con Rusia, conforme al referéndum de febrero de 2014, mientras que el gobierno central en Chisinau mantiene el rumbo a la integración en la Unión Europea.

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