La víspera, el análisis fue suspendido, incluso, con solicitud de vista del juez electoral Julio Jacob Júnior, el TRE siguió el examen con la anticipación del voto de Guilherme Frederico Hernandes.
Después de concluido el sufragio, la sesión se suspendió y se anunció reanudación.
Este martes, votan Julio Jacob Júnior, Anderson Ricardo Fogaça y el presidente de la corte, Sigurd Roberto Bengtsson.
Los magistrados analizan las acciones en las cuales los partidos de los Trabajadores y Liberal, y la Fiscalía Electoral acusan a Moro de abuso de poder económico por la supuesta realización de gastos irregulares en el período de precampaña en las elecciones de 2022.
Hace tres años, el senador estaba en el partido Podemos y realizó actos de precandidatura a la Presidencia de la República.
Según la imputación, hubo «desventaja ilícita» en favor de los demás concursantes al cargo de asambleísta por las «altas inversiones financieras» realizadas, antes del exministro de Justicia dejar la sigla y presentarse al Senado por el partido Unión Brasil.
De acuerdo con el entendimiento del letrado José Rodrigo Sade, del TRE de Paraná y quien votó a favor de la anulación del mandato y la inelegibilidad durante ocho años de Moro, el senador fue beneficiado electoralmente.
Por su parte, el juez Luciano Carrasco Falavinha Souza entendió que son frágiles las alegaciones de los partidos y Hernandes, quien manifestó estar de acuerdo con el ponente, descartó un supuesto gasto excesivo en el período de la precampaña.
Con otro voto por la indulgencia, el senador saldría victorioso en la corte de Paraná, pero el caso debe ser llevado también al Tribunal Superior Electoral (TSE).
Si es revocado por el TRE, Moro no dejará el cargo de inmediato porque la defensa podrá recurrir al TSE. Pero si la eventual revocación es confirmada por el TSE, nuevas elecciones serán convocadas en Paraná para llenar la vacante del senador que quedará inelegible hasta 2030.
Moro adquirió reputación nacional e internacional al comandar, entre marzo de 2014 y noviembre de 2018, el juicio en primera instancia de los delitos identificados en la desarticulada operación judicial Lava Jato.
Sin pruebas, castigó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2017 a nueve años y seis meses de prisión por supuestos actos de corrupción.
Luego desistió al cargo de juez y fue nombrado ministro de Justicia por el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022). Más tarde dejó el puesto después que el exgobernante removiera sin consultarlo al entonces director de la Policía Federal, Maurício Valeixo, un hombre de su confianza.
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