De acuerdo con el periódico Kronen Zeitung, los estados miembros y la Comisión Europea deben iniciar investigaciones si sospechan de trabajo forzoso en la cadena de suministro de un producto.
Al ser confirmadas las sospechas, la mercancía deberá ser confiscada.
Según la nueva medida, la carga de la prueba de que no se utiliza trabajo forzoso recae en las empresas exportadoras, por lo cual se les exigirá que certifiquen que no existe tal labor en su cadena de suministro.
En opinión de los representantes austriacos en el PE, el pacto alcanzado es el primer paso hacia una prohibición definitiva de tales productos en el mercado de la UE y las empresas no deberían obtener ventajas competitivas mediante la explotación.
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