«Como lo intentaron ahora, en aquella época, desgraciadamente, lo lograron», escribió Rousseff en su perfil de la red social X, en alusión a la nueva tentativa golpista del 8 de enero de 2023.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron y depredaron las sedes capitalinas del Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial, bajo gritos de intervención militar.
La antigua guerrillera y víctima de torturas durante la dictadura militar (1964-1985) señaló que hace seis décadas, «fuerzas reaccionarias y conservadoras se unieron, rompieron la Constitución, traicionaron la democracia, y eliminaron las conquistas culturales, sociales y económicas de la sociedad brasileña».
Refirió que «en el pasado, como ahora, la historia no borra los signos de traición a la democracia ni limpia de la conciencia nacional los actos de perversidad de aquellos que exiliaron y mancharon de sangre, tortura y muerte la vida brasileña durante 21 años».
Creada por ley en 2014 en la administración de Rousseff, la Comisión Nacional de la Verdad presentó su informe final, en el que se concluía que la práctica de las detenciones ilegales y arbitrarias, la tortura, la violencia sexual, las ejecuciones, las desapariciones forzadas y la ocultación de cadáveres eran el resultado de una política estatal.
Tales acciones, de alcance generalizado contra la población civil, fueron calificadas de crímenes de lesa humanidad.
En total, se identificaron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988. En el capítulo referido a la autoría de graves violaciones de los derechos humanos, enumeró 377 agentes públicos directamente implicados en los delitos cometidos.
Para el 63 por ciento de los brasileños, la fecha del golpe militar de 1964 debe ser descartada, según reveló la víspera una encuesta del Instituto Datafolha que realizó entrevistas el 19 y 20 de marzo.
Un 28 por ciento de los interrogados deseó la celebración y otro nueve no supo responder.
En el anterior estudio sobre el tema, en abril de 2019, Datafolha registró 36 por ciento de los entrevistados a favor de la celebración, un 57 defendían el desprecio y el siete no opinó.
La administración de Lula decidió no manifestarse sobre el aniversario del complot castrense de 1964.
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