De acuerdo con la entidad, el exguerrillero cumplía con sus obligaciones ante la Justicia Transicional Restaurativa como compareciente del Comando Conjunto de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo ante el Caso 10.

Advirtió asimismo la corte que hechos como el que acabaron con su vida afectan de forma profunda a las familias y comunidades de los firmantes y ponen en riesgo a quienes, desde su proceso de reincorporación, contribuyen a la verdad, la memoria y la reconciliación en el país.

“Con el asesinato de los comparecientes también se afectan los derechos de las víctimas a la verdad y a la restauración, así como el cumplimiento de los aportes que quienes comparecen ante la Justicia Transicional Restaurativa deben realizar en el marco de sus procesos”, sentenció en su comunicado el tribunal.

La JEP hizo asimismo un llamado urgente a las autoridades competentes para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar la protección de quienes firmaron el Acuerdo de Paz y comparecen ante la Jurisdicción.

Según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, casi 500 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados desde su firma en 2016.

El mismo organismo confirmó que, en lo que va de calendario, se conoce del homicidio de cinco de estas personas.

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