lunes 27 de mayo de 2024
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Mayoría congresal escala ofensiva contra órgano de justicia en Perú

Lima, 16 feb (Prensa Latina) La mayoría parlmentaria peruana aprobó hoy en primera instancia la destitución e inhabilitación de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que rechazó la medida por atentar contra su autonomía.

La decisión, aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, con 14 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones y fue calificada como un golpe contra la JNJ por la edición digital del diario La República.

La medida incluye la inhabilitación por 10 años de los siete integrantes de la JNJ, organismo clave del sistema de justicia, porque nombra y sanciona a jueces y fiscales y designa a autoridades electorales, por lo que sectores progresistas denuncian que la derecha quiere controlarlo.

El informe presentado por el congresista ponente, Esdras Medina, argumenta que los magistrados merecen las duras sanciones porque permitieron que la jueza Inés Tello siga en funciones y no la separaron pese a que cumplió 75 años, edad que los acusadores consideran límite para continuar en el puesto.

El pleno de la JNJ rechazó la destitución y reiteró que la norma legal invocada contra la jueza Tello solo dice que la edad límite para postular a la JNJ es de 75 años y la magistrada fue elegida por el Legislativo con un mandato que la Constitución fija en cinco años.

“Habríamos incurrido en delito de abuso de autoridad, al vacar a una de sus integrantes sin que entre las 37 causales de cese y vacancia, establecidas en la Ley Orgánica de la JNJ, haya alguna relacionada con la edad”, agregó un comunicado de la JNJ.

La decisión de hoy será sometida a la aprobación de la Comisión Permanente del Congreso y, si esta le da su visto bueno, pasará al debate y la votación final en el pleno congresal.

La decapitación de la JNJ era, según la Fiscalía Anticorrupción, materia de coordinaciones bajo la mesa entre las bancadas de derecha extrema y la hoy suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para bloquear una investigación a esta autoridad.

La controversia derivó esta semana en un confuso cúmulo de investigaciones motivadas por declaraciones de Jaime Villanueva, un testigo cuyas confesiones iniciales incriminan a Benavides y se han extendido a acusaciones contra otros fiscales y políticos.

Según el conocido fiscal Anticorrupción José Pérez, esas declaraciones estarían siendo usadas en una gran maniobra que invalide el testimonio contra Benavides.

oda/mrs

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