En declaraciones a Venezolana de Televisión, la vicemandataria comentó que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI solo analizó el 20 por ciento de la información suministra por el Estado venezolano, lo que denota lo viciado del proceso, el cual se debatió entre “la indefensión y la politización de la justicia”, acotó.

Subrayó que a todas luces es un caso politizado que “pretende instrumentalizar la justicia internacional” para agredir a la República Bolivariana, a sus autoridades, la Fuerza Armada Nacional y los organismos de seguridad que están en la primera línea en defensa de la paz y tranquilidad ante el extremismo violento.

Rodríguez aseguró que Venezuela no descansará y recurrirá a todos los recursos legales para defender la verdad frente a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, indicó la Agencia Venezolana de Noticias.

No tienen pruebas y lucharemos para que se sepa la verdad de nuestro país, remarcó.

El Ministerio Bolivariano para Relaciones Exteriores manifestó este viernes en un comunicado su desacuerdo con la decisión de la Corte Penal Internacional, sobre la apelación interpuesta contra la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares en el asunto denominado «Venezuela I».

En la audiencia de noviembre último quedó “amplia y suficientemente demostrado” que el proceso incoado ante la CPI responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal con fines políticos, señaló.

Todo ello, apuntó, sobre la base de “una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad”, que nunca ocurrieron.

El texto manifestó que toda esta maniobra fue construida a partir de la “manipulación de un reducido conjunto de delitos” que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano.

La nota lamentó que mientras el mundo observa con horror como el pueblo palestino es víctima de un “cruento genocidio ante la inacción de la burocracia internacional”, llamado a impedirlo o detenerlo, la CPI optó por invertir su tiempo y los escasos recursos disponibles para seguir adelante.

Venezuela expresó que estas acciones “claramente desnaturalizan su razón de ser y minan su credibilidad” como organismo de justicia internacional.

Reiteró que, como Estado soberano, la República Bolivariana tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas.

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