De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la jueza Rosemary Márquez consideró que los establecimientos tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en este país latinoamericano y serían usadas con fines ilícitos.
Por ello, la Corte reconoció que México tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población, refiere el texto, al destacar el hecho de que la jueza señalara que la nación argumentó exitosamente que las tiendas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes.
México inició el litigio en octubre de 2022 argumentando que tales tiendas, según datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas de alto poder al país.
Tras la decisión de la víspera, la Corte de Distrito puede continuar estudiando la demanda de México, refiere la Cancillería, al señalar que en las siguientes etapas se presentará evidencia para demostrar la conducta negligente de esos establecimientos, en busca de obtener una reparación del daño que será determinada por el juez.
“Si bien las demandadas tienen derecho a presentar un recurso de apelación, la decisión de este día es de gran relevancia para nuestro país. México está convencido de que le asiste la razón jurídica y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas, y continuará defendiendo puntualmente sus intereses y el de la ciudadanía por todas las vías a su alcance”, afirmó.
Según la cartera, esta constituye la segunda demanda presentada por el país azteca contra actores en la cadena del comercio de esos artefactos, y la victoria judicial se suma a la obtenida en enero último, en el marco de su primera demanda contra fabricantes de armas.
México responsabiliza a casi una decena de fabricantes de armamentos en Estados Unidos de facilitar el tráfico de tales artefactos a los cárteles de la droga a través de la frontera.
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