De acuerdo con el comandante de la denominada Zona 8, en esa urbe costera de la provincia de Guayas, Víctor Herrera, el motivo de los disturbios fue el descontento de los presos, quienes procedieron a quemar colchones y a tratar de alterar el orden público allí.
Videos difundidos en redes sociales mostraron incendios en celdas de la institución penitenciaria y se escucharon detonaciones de armas de fuego.
El presidente Daniel Noboa, informó que ya hoy la penitenciaría está bajo control de las autoridades y aseguró que “su compromiso es entregar los mecanismos democráticos necesarios para restablecer la paz y garantizar la continuidad de esta lucha”.
Este jueves, el viceministro de Seguridad Lyonel Calderón calificó los disturbios en esa cárcel como “intentos desestabilizadores” a las puertas de una Consulta Popular” que pretende resolver los problemas de seguridad y contempla elementos como la extradición de reos», dijo.
El motín ocurrió en la misma cárcel de la que en enero pasado se supo de la fuga del cabecilla de Los Choneros, Adolfo Macías (Fito), quien aún está prófugo.
Los incidentes en la Cárcel Regional de Guayaquil tuvieron lugar en medio de un nuevo repunte de violencia en Ecuador, cuando faltan dos semanas para que concluya el estado de excepción decretado por Noboa.
El pasado 7 de marzo, el jefe del Ejecutivo extendió por 30 días más esa medidas, establecida en enero pasado tras una serie de actos violentos en varias ciudades del país.
En el texto se incluyó el control de todos los centros de privación de libertad y la vigencia del toque de queda diferenciado por municipios en dependencia de los niveles de riesgo en medio del conflicto armado interno también declarado en esta nación sudamericana.
Con la declaratoria de estado de excepción y conflicto armado interno Noboa abrió una puerta legal para que militares y policías actúen conjuntamente con todos sus recursos para neutralizar a los 22 grupos delincuenciales catalogados como terroristas.
No obstante, con militares en las calles y con impuestos para financiar la llamada guerra interna contra el crimen organizado, el terror persiste, con secuestros, extorsiones, amenazas de bombas y asesinatos.
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