Es el proponente y tiene todo el derecho de hacer mención a su iniciativa, manifestó este jueves Atamaint y añadió que no ve “ningún impedimento para difundir su propuesta».
La titular del CNE explicó que las organizaciones políticas y sociales inscritas son las que pueden hacer campaña, pero aclaró que el jefe de Estado también tiene la posibilidad de hacerlo por su calidad de proponente.
«Él emitió un decreto y él tiene que hacer conocer a la ciudadanía qué es lo que le quiere consultar al país», precisó la funcionaria.
A pesar de que oficialmente la campaña con vistas al proceso consultivo del 21 de abril no ha comenzado, en varias ciudades del país han aparecido carteles a favor de las preguntas con las siglas de Acción Democrática Nacional (ADN), movimiento político del gobernante.
Además, él mismo en sus últimas apariciones públicas ha hecho proselitismo y asegura que la consulta está diseñada para garantizar el trabajo de policías y militares, para combatir a los delincuentes.
La campaña para la consulta popular y el referendo, que tiene 11 preguntas, arranca el 7 de abril y termina el 18 de ese mismo mes. Organizaciones sociales y políticas consideran engañosa la cita a las urnas convocada por Noboa, que costará 60 millones de dólares.
Cinco de las interrogantes conllevarían modificaciones a la Carta Magna y están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de connacionales y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
Asimismo, Noboa busca aprobar permisos para arbitraje internacional entre el Estado y reclusos, así como la incorporación de contratos laborales por horas y a plazo fijo, dos de las preguntas más polémicas.
El mandatario también pretende con esa iniciativa reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
En general, la propuesta del mandatario ha recibido calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso.
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