Durante un acto llevado a cabo en esta capital, el presidente de la Junta Especial del Exterior, Brayan Yépez, reiteró que este ejercicio permite conocer las características de un proceso electoral, con la participación de los residentes en el extranjero.
Por su parte, el Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales, Wilson Hinojosa, explicó que el trabajo articulado con la Cancillería garantiza la ejecución del voto de los connacionales ecuatorianos en otros países.
El pasado jueves, el CNE confirmó que los ciudadanos residentes en el exterior podrán votar en la consulta popular de manera presencial en 40 países.
La presidenta del ente electoral, Diana Atamaint indicó que ya están en camino 610 paquetes con las papeletas y otros documentos para garantizar el sufragio de los 429 mil 165 ecuatorianos registrados en el exterior.
Si bien el voto es facultativo para quienes residen fuera del territorio nacional, para aquellos empadronados en el país resulta obligatorio y de no asistir pueden ser multados.
Entretanto, un total de 12 encuestadoras y personas naturales están autorizadas en Ecuador a realizar pronósticos sobre los comicios.
Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 21 de abril para responder a 11 interrogantes relacionadas con seguridad y empleo, mientras diversas organizaciones políticas y sociales se unen para realizar campaña por el No.
Mientras, organizaciones sociales y políticas consideran engañosa la cita a las urnas convocada por el presidente Daniel Noboa, que costará 60 millones de dólares.
La propuesta del mandatario ha recibido calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso.
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad – Capítulo Ecuador consideró injustificable el procedimiento.
La Red advirtió que mientras Noboa arma una consulta para legitimar los negocios asociados a la seguridad, no se percibe una política integral ni una gestión institucional eficiente para recuperar el lugar de segundo país más seguro de la región que Ecuador ya tuvo.
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