La Comisión para la identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica (UP), instalada por el presidente Gustavo Petro en octubre de 2023, comenzó su gestión el 16 de abril y verificará durante un año la identidad y parentesco de las víctimas para proceder a la reparación económica, de acuerdo con un comunicado de esa institución.
Abundó la información que se trata de 677 víctimas directas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, desplazamiento forzado, amenaza, lesiones, tentativa de homicidio y judicialización infundada.
Otras 761 personas resultaron perjudicadas por violaciones a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, mientras que cinco mil 503 son víctimas por graves violaciones de los derechos humanos.
Para esos individuos, este proceso de reparación representa un reconocimiento por lo ocurrido por el exterminio, la persecución y la estigmatización de este movimiento político nacido en 1985, agregó la información.
Se divulgó además que los recursos para avanzar en la reparación serán dispuestos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ejecutados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv).
“Este momento se constituye como una oportunidad histórica para resarcir a las víctimas y avanzar en la reivindicación de sus procesos de vida. También es un paso para que Colombia se convierta en un país en el que se respeten las diferencias”, manifestó la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón.
En una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022, además de pedir de reparación para las víctimas, se responsabilizó al Estado colombiano por las violaciones a los derechos humanos cometidos desde mediados de la década del 80 del pasado siglo y por más de 20 años.
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