El documento fue suscrito por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y el encargado de negocios de la embajada de Washington en Quito, Lawrence Petroni.
El representante de la Casa Blanca señaló que la administración de Joe Biden está comprometida con las autoridades ecuatorianas en sus esfuerzos por combatir el tráfico de drogas, la corrupción, el lavado de dinero y otros crímenes transnacionales.
Petroni informó que las próximas semanas se reunirán equipos de los dos países para revisar los impactos y resultados de la cooperación bilateral.
Sommerfeld, por su parte, precisó que los fondos adicionales irán a tres proyectos que están en marcha: lucha contra la delincuencia organizada transnacional, seguridad ciudadana y apoyo al orden público, y fortalecimiento a la capacidad y reforma del sector judicial.
El pasado 15 de febrero, el presidente Daniel Noboa ratificó dos convenios pactados con Washington en materia de seguridad y que son cuestionados por organizaciones sociales y expertos.
Mediante dos decretos ejecutivos, el mandatario confirmó la entrada en vigor del convenio relativo al Estatuto de las Fuerzas y el que trata las Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas.
A raíz de la firma de esos acuerdos y tras la visita de diversos funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense, disímiles voces se pronunciaron contra ese acercamiento por sus implicaciones para la soberanía del país sudamericano.
A pesar de los acuerdos y el financiamiento estadounidense a partir de enero, cuando Noboa decretó el conflicto armado interno y un estado de excepción que duró 90 días, en Ecuador los niveles de inseguridad y violencia se mantienen elevados.
Este miércoles en la noche, por ejemplo, delincuentes dispararon contra José Sánchez, alcalde del municipio ecuatoriano Camilo Ponce, quien se sumó a la lista de servidores públicos asesinados en esta nación sudamericana.
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