Realizamos el análisis en seguimiento a un dictamen dado por las anteriores autoridades de la cartera durante la administración del presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), explicó el vicetitular José Rodas.
En el marco de una citación con diputados en el Congreso (unicameral) de la República, el funcionario describió que encontraron anomalías en el expediente relacionado con este tema.
Entre ellas, mencionó, que al ingresarlo se le asignó un número que correspondía a otro proyecto, lo cual posiblemente se hizo para facilitar la actualización, subrayó.
La licencia debe ser otorgada por un equipo multidisciplinario y en tal caso solo la firmó una persona, señaló Rodas, ante la presencia también de representantes de aquella demarcación ubicada a 148 kilómetros de esta capital.
Agregó que faltan 939 folios originales ya que únicamente se encontraron las fotocopias que, incluso, tienen firmas y sellos presuntamente falsos.
“Presenté dos denuncias al Ministerio Público. La primera fue desestimada y la segunda ya la impugné”, comentó el viceministro del MARN.
Queremos que se respete el mandato del pueblo que dijo no a la minería, expresó en el marco de la cita, por su parte, María del Carmen Cifuentes, miembro de una parroquia del municipio Asunción Mita.
Sus palabras recordaron la consulta popular de septiembre de 2022, en la cual con siete mil 481 votos la población local rechazó el proyecto minero de la empresa de capital canadiense Bluestone Resources.
“Esta empresa ha trabajado por medio de la corrupción, comprando voluntades en el ministerio y en el Gobierno anterior”, aseveró Peter Arrieta, otro vecino del lugar.
El MARN existe en el objetivo de proteger los recursos naturales, “no a empresas que solo se llevan nuestras riquezas y nos dejan contaminación y destrucción”, planteó.
Expertos advirtieron antes que el plan actual sobre el manejo de deslaves no sería aceptado en ninguna parte y que la reactivación “implicaría graves riesgos ambientales”.
La mina Cerro Blanco tiene licencia para buscar oro y plata desde 2007 y, según estudios, los resultados no han sido los esperados por el proyecto.
En 2016, la empresa Goldcorp se declaró en bancarrota y la vendió un año más tarde a Bluestone Resources, que decidió cambiar el método de explotación a cielo abierto.
Para impulsar el cambio, buscó acercarse a la población y argumentarles la diferencia; sin embargo, esto puso en alerta a los pobladores, quienes participaron en la consulta y desde entonces no han bajado los brazos en sus reclamos.
Si las acciones dentro del sistema guatemalteco no les permite detener a Cerro Blanco, buscarán llevar al caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguraron.
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