Un sondeo de la empresa Ipsos sobre la administración de la mandataria, iniciada hace 16 meses, arrojó como resultado que 93 por ciento votaron por la opción “está trabajando de manera ineficiente” para resolver los principales problemas del país.
El ejecutivo de Ipsos Guillermo Loli dijo que el resultado se debe a la percepción de que el Gobierno no actúa satisfactoriante contra la delincuencia, el alza del costo de vida y la corrupción, considerados en encuestas diversas como los principales problemas del país.
La calificaciión dada a la administración Boluarte, se suma a otra encuesta, de la emopresa Datum, según la cual Boluarte tiene una desaprobación de 88 por ciento y una aprobación de siete por ciento y porcentajes negativos en todos los niveles socio-económicos.
De otro lado, se hizo público el rechazo judicial a un recurso de habeas corpus de los abogados de la presidenta, que pidió anular los resultados del allanamiento de la casa familiar de la mandataria, operación que incluyó el ingreso por la fuerza porque los familiares, en ausencia de Boluarte, se resistían a abrir la puerta.
Entre los resuultados de la operación ordenada por un juez figuran los certificados de autenticidad y compra de un costoso reloj Rolex y un brazalate de oro y diamantes, tras lo cual fue suspendido y reemplazado el jefe de la unidad policial anticorrupción que encabezó el allanamiento, coronel Harvey Colchado.
Persisten en el interés público el tema del uso de al menos tres Rolex por la mandataria, por lo que es investigada por la Fiscalía Anticorrupción, y la incredulidad que genera su explicación de que los relojes y la pulsera se los prestó el gobernador de la región andina de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, su amigo y aliado político.
Por otra parte, la televisora América informó que elementos ligados a Nicanor Boluarte, hermano de la presidente, y que trabajan con él en la organización del partido Ciudadanos por el Perú, fueron nombrados prefectos y subprefectos (autoridades de distritos y poblaciones menores) o beneficiados con contratos de servicios al Estado.
El ex ministro de Vivienda Rudencindo Vega, denunció pesiones del Gobierno para su despido del cargo de presidente de un organismo de vivienda para trabajadores de la construcción, en represalia por sus críticas al gobierno en un diario local.
La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, niega la acusación y sostiene que solo informó del caso de Vega al directorio de la entidad, que es tripartito, integrado por representantes de los trabajadores, las empresas y el Gobierno, y el directorio lo cesó.
Vega mencionó, como contexto del desenlace, que antes de su cese presentó un informe sobre malos manejos de Nicanor Boluarte, gerente del organismo, y pidió su retiro, lo que no se hizo efectivo.
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