Solicitó además el mandatario a la junta directiva y a la presidencia de la mentada compañía colaborar integralmente con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de esclarecer los vínculos que unían a la entidad con los grupos armados que actuaban al margen de la ley.

El pronunciamiento del gobernante ocurre pocos días después de que el órgano de justicia transicional de la nación ordenó a Ecopetrol entregar, antes del 25 de mayo, información sobre las relaciones entabladas entre la fuerza pública y exfuncionarios de la refinería ubicada en Barrancabermeja, en Santander, al noreste.

También requirió datos sobre 40 personas que, según expedientes de Justicia y Paz e informes de víctimas, tuvieron vínculos con la mayor empresa estatal del país y al mismo tiempo nexos con grupos paramilitares en Magdalena Medio.

Esta orden de la Sala de Reconocimiento de Verdad se da en el marco del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles, de acuerdo con la notificación de la JEP en días recientes.

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