En un comunicado divulgado por su portavoz, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres mostró preocupación por el proceso contra ex titular de la Cicig para quien pidió un juicio justo.
Guterres recordó la importante contribución de la Comisión y su personal a la lucha contra la corrupción y la impunidad en esa nación centroamericana.
A la par, insistió en su llamado a las autoridades guatemaltecas para proteger al personal vinculado a esa institución de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación por su trabajo, de conformidad con el acuerdo suscrito entre la ONU y el Gobierno respecto a la Comisión.
Desde septiembre de 2023, la ONU alerta con preocupación por el proceso contra González y otros exfuncionarios de la Cicig, investigados por las autoridades judiciales por hechos relacionados con su labor allí.
Entonces, el organismo aseguró que desde el cierre de esa entidad en 2019, varios informes apuntan al uso de procesos penales como represalia contra personas que colaboraron en la investigación y persecución de casos de corrupción.
La Cicig fue una iniciativa de la propia Organización de Naciones Unidas, creada en 2006 y desmantelada de manera unilateral en 2019 por el Gobierno de Jimmy Morales.
Claudia González, detenida desde el 28 de agosto, fue señalada por supuesto abuso de autoridad cuando estaba a cargo de una investigación contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.
En septiembre, la exfuncionaria fue procesada en audiencia a puerta cerrada por su presunta implicación en el caso Persecución Penal Ilegal, a pesar de que su equipo explicó que no le se podía aplicar ese delito porque ella no ejerció como funcionaria cuando laboró para la Comisión.
Sin embargo, en marzo de este año, el juzgado décimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el medioambiente de la ciudad de Guatemala determinó que la extitular de la Comisión enfrentará juicio por el delito de abuso de autoridad.
A juicio de analistas, el caso de González coincide con la campaña de criminalización y persecución política contra quienes colaboraron con ese proyecto, quienes corren el riesgo de terminar injustamente presos y exiliados.
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