El magistrado Juan Araya rechazó la solicitud de la enviada especial de la Corte Suprema, Jenny Book, quien pidió que las investigaciones permanecieran en el fuero castrense.
Según el juez, en los lamentables hechos en la comuna de Putre no sólo resultaron afectados militares, sino también civiles, entre ellos Romy Vargas, madre del soldado fallecido.
Hay una víctima que no es militar y esa jurisdicción no tiene la robustez de la unidad de atención especializada del Ministerio Público para proteger sus garantías, aseguró.
El recluta perdió la vida durante una caminata realizada en la madrugada a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar sin la adecuada ropa de abrigo, y cuando ya estaba afectado junto a otros compañeros por un virus respiratorio.
Los responsables del cuartel aseguraron que fue llevado con vida a un centro de atención hospitalaria, pero éste negó la versión y confirmó que ya había muerto cuando lo recibieron.
Otros 45 reclutas debieron ser ingresados, dos en medio de un severo cuadro séptico y a uno fue necesario amputarle una mano.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, que es querellante en el caso, planteó que los jóvenes estaban bajo la protección del Estado cuando ocurrió todo.
Tenemos la convicción, agregó, que vivieron graves violaciones a sus garantías fundamentales y eso debe investigarse y sancionarse en los tribunales civiles.
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