La encuesta fue aplicada a 458 negocios que expresaron su preocupación por hechos delincuenciales como la extorsión, el robo y los secuestros.
De acuerdo con OECO, tres de cada cuatro pequeñas empresas aquí fueron víctimas de algún tipo de delito.
Entre las modalidades de extorsión más frecuentes se encuentran el cobro directo, llamadas y «rifas solidarias ficticias», a través de las cuales se entregan boletos a cambio del pago de cuotas obligatorias, develó la pesquisa.
Otros delitos que preocupan al sector empresarial son el robo de mercancías y el secuestro de empleados o directivos.
En 2023, se realizaron 21 mil 811 denuncias de extorsión en Ecuador, un aumento de 364 por ciento en comparación con 2022. Analistas han alertado que la escalada del número de extorsiones evidencia que los grupos criminales están ganando territorio.
Pese a la declaratoria de conflicto armado interno, estados de excepción y militares en las calles, la violencia no se detiene en esta nación sudamericana, con asesinatos, balaceras, extorsiones, secuestros y disturbios en las cárceles.
El pasado 21 de abril, durante la jornada de votaciones de la consulta popular y referendo, los ecuatorianos aprobaron nueve preguntas referentes a cuestiones de seguridad y rechazaron dos relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
Los resultados de los comicios reflejaron la preocupación ciudadana ante la inseguridad, por encima del apoyo a la propuesta del presidente Daniel Noboa.
Expertos en materia jurídica consideran que ahora Noboa no tendrá excusas para poner freno a la inseguridad, aunque alertan que la implementación de las propuestas de la consulta no servirán de mucho si no se adoptan medidas de corte social para disminuir la desigualdad.
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