Este viernes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió suspender de manera temporal el trámite del proceso judicial contra Salazar, debido a su embarazo de alto riesgo.
La decisión se tomó con cinco votos a favor por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle; el segundo vicepresidente, Eckenner Recalde, y los legisladores Jorge Acaiturri, Alexandra Castillo y Diego Matovelle.
🔴A la Ciudadanía🔴 pic.twitter.com/CfWGwnX01j
— Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) May 18, 2024
Mientras tanto, las legisladoras de RC Viviana Veloz y Esther Cuesta, quienes impulsaban el juicio político en contra de Salazar, se abstuvieron.
El comunicado de la RC este sábado recordó historias de mujeres que han tenido que enfrentar a la Fiscalía en período de gestación o en pleno parto, “sin oportunidad de una decisión humanitaria”.
Esta decisión evidencia que la ley no se aplica para todas por igual, por eso nos comprometemos a dar seguimiento a las denuncias que hoy son públicas, alertó el movimiento político.
A propósito, la asambleísta de la RC Ana María Raffo rechazó este viernes a través de su red social X que Salazar anunció su embarazo a puertas de su juicio político en el Parlamento, «pero lastimosamente olvida que como autoridad violentó esos derechos que ahora pide sean respetados», reiteró.
Hace casi cinco años me tocó afrontar una brutal persecución política estando embarazada. Fue apenas en mis primeras semanas de embarazo cuando fui notificada del proceso llamado “Sobornos”, un juicio express con el fin de proscribir a Rafael Correa, lamentó la Ex Primera Vicepresidenta del Parlamento (2017-2019), Viviana Bonilla, quien se encuentra refugiada en México.
Proceso penal que además terminó en injusta e ilegítima sentencia condenatoria, mencionó.
En un video publicado este jueves en sus redes sociales, la fiscal Salazar señaló que las normativas establecidas no contemplan cómo proceder con el estrés que implica un proceso de ese tipo cuando la interpelada está en estado de gestación.
Salazar ha recibido críticas por la selectividad y parcialidad en los casos que investiga, concentrándose en figuras de la RC y en el expresidente Rafael Correa, que la acusa de persecución política, mientras otras causas permanecen engavetadas.
lam/nta
