El Gobierno anunció una demanda competencial ante el TC para que determine que, como manda la constitución, quien ejerza la Presidencia no pueda ser investigado salvo en caso de delitos de suma gravedad especificados en la carta magna.
La solicitud alega que la Fiscalía de la Nación se ha excedido en sus funciones al extremo de menoscabar las de la jefa del Estado, informó el ministro de Justicia, Eduardo Arana, mientras otros titulares alegan que las audiencias de las pesquisas en marcha no dejan trabajar a la mandataria.
El anuncio dio pie a críticas generalizadas, las cuales señalan que la mandataria había argumentado ante su situación que colabora con las pesquisas del Ministerio Público por muertes en protestas sociales, posesión eventualmente ilegal de costosas joyas y obstaculización a las investigaciones a ella y a su hermano Nicanor.
El semanario opositor Hildebrandt en sus Trece señala como causa del viraje del discurso oficial, que Boluarte esperaba que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, volvería al cargo el 7 de junio, al finalizar la suspensión por seis meses que cumplía para ser investigada por diversas y presuntas ilegalidades.
“La fiscal favorita del fujimorismo y de sus aliados de ultraderecha era una suerte de garantía de impunidad de Boluarte”, afirma el semanario en su edición de esta semana.
Un día antes del cese de Benavides, estaba lista la demanda competencial mencionada, que preveía la posibilidad de la defenestración, pese a que todo indicaba que la Junta Nacional de Justicia no lograba unanimidad para cesarla, pero la alcanzó a última hora.
“Con Patricia Benavides fuera del tablero de juego, el único camino que le quedaba a Boluarte para anular las investigaciones en su contra era el del organismo supremo que se ha convertido en un apéndice del Congreso: el Tribunal Constitucional», apuntó el citado semanario.
La demanda competencial ante el TC busca, según el Ejecutivo, que la inmunidad de los presidentes en ejercicio incluya sin margen de dudas ni interpretaciones.
Pero, si se aprueba, su primera beneficiaria será Boluarte y las acusaciones de homicidio, cohecho, enriquecimiento ilícito y obstaculización a la justicia, quedarán congeladas hasta que termine su gestión en 2026.
El problema es que el sistema de justicia, mediante una serie de interpretaciones, avanzó hasta facultar al Ministerio Público, sin que el Tribunal Constitucional haga acotaciones, a investigar preliminarmente al jefe de Estado, sin acusarlo durante su mandato.
Y fue Benavides quien rompió la abstención mantenida por todos los fiscales en la historia y abrió no una sino incontables investigaciones al entonces presidente Pedro Castillo, a la postre encarcelado y destituido por intentar disolver el Parlamento.
Ahora el Gobierno sostiene que aquello fue un error y debe enmendarse, y juristas y políticos que alentaron a Benavides a investigar a Castillo y hoy apoyan a Boluarte, buscan la manera de sostener lo contrario.
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