martes 18 de junio de 2024
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Crisis por falta de alimentos persiste en cárceles de Ecuador

Quito, 27 may (Prensa Latina) La crisis por falta de alimentos en las cárceles de Ecuador persiste hoy en el país andino, en medio del conflicto armado interno.

La compañía Lafattoria, la cual proveía de alimentos a una parte de las penitenciarías de esta nación sudamericana, anunció que dejará de ofrecer ese servicio a las cinco cárceles de la ciudad de Guayaquil, debido a la falta de pagos por parte del Gobierno.

Desde el pasado 1 de mayo, cerca de 12 mil personas privadas de libertad en las provincias de Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Pichincha, Santo Domingo y Sucumbíos dejaron de recibir alimentos de Lafattoria, como consecuencia de la deuda del Ejecutivo con esa empresa.

El presidente Daniel Noboa acusó a la Lafattoria de supuestos vínculos con el crimen organizado y pidió a la Fiscalía una investigación, mientras la compañía de servicios alimenticios negó la acusación y exigió al Gobierno el pago de la deuda.

La alimentación de las personas privadas de la libertad en Ecuador causa preocupación, mientras la entidad encargada de las cárceles afirmó este domingo que trabaja para adjudicar a una empresa el contrato para las provisiones de los reclusos.

El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) emitió recientemente un comunicado, en el cual señaló que aún está en la etapa precontractual para adjudicar el contrato a la entidad que entregará los alimentos en la División Territorial 1, sin precisar la zona.

La institución agregó que el proceso se realiza con «metodologías» que no se implementaron en pasadas administraciones para eliminar riesgos de posibles irregularidades.

En medio de protestas de familiares de los reclusos por la falta de comida, el 2 de mayo pasado un tribunal dictaminó que en un plazo máximo de 15 días el Ministerio de Finanzas debía entregar los recursos económicos al SNAI para restituir con normalidad el servicio de alimentación.

La demanda fue presentada por colectivos civiles y familiares de los prisioneros, entre ellas la Coordinadora de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos.

Sin embargo, tras haberse cumplido el plazo, persiste la incertidumbre y los reos se alimentan de donaciones y entregas de sus parientes y otras instituciones.

npg/nta

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