El portavoz de las organizaciones obreras, Teixeira Cândido, declaró la víspera a la Agencia Angoleña de Prensa que aunque ambas partes llegaron a un consenso, los representantes de los trabajadores salieron de la reunión insatisfechos por no haber alcanzado los términos propuestos en las reivindicaciones presentadas al Ejecutivo.

No obstante, la Unión Nacional de Trabajadores Angoleños –Confederación Sindical, la Central General de Sindicatos Libres e Independientes de Angola y la Fuerza Sindical decidieron la suspensión del paro general anunciado.

Al filo de las 23:00 de este martes, hora local, el secretario de Estado para Trabajo y Seguridad Social, Pedro José Filipe, dijo a la prensa que en la ronda de negociaciones las partes finalmente alcanzaron un acuerdo para un incremento del salario de la función pública del 25 por ciento, a implementarse en 2025.

Agregó que en vísperas de la preparación del presupuesto general del Estado hasta 2027, volverán al diálogo para ajustar el formato salarial de los próximos años.

Las centrales sindicales reclamaban un aumento del 100 por ciento de la remuneración en la función pública.

Filipe precisó que se definieron los principios generales para el establecimiento del salario mínimo nacional, asunto en el cual prevaleció el consenso de fijarlo en 70 mil kwanzas (alrededor de 82 dólares), si bien esto debe ser llevado al Consejo Nacional de Concertación Social, apuntó.

Significó que evaluaron que las microempresas y start up avanzaran con un salario de 50 mil kwanzas (unos 58 dólares), mientras las entidades que ya remuneran a sus trabajadores con 70 mil kwanzas tendrán un periodo de dos meses a un año para hacer la introducción progresiva hasta llegar a 100 mil kwanzas (117 USD).

Por otro lado, acotó, las empresas que están por debajo de este nivel tendrán dos años (24 meses) para alcanzar esa cota de 100 mil kwanzas.

El salario mínimo nacional es actualmente de 32 mil 181,15 kwanzas y las organizaciones obreras demandaban llevarlo a 100 mil kwanzas.

Otros asuntos recogidos en el acuerdo fueron la participación de los sindicatos en la comisión que en los próximos 90 días valorará el actual modelo de categorización municipal para la entrega de subsidios, así como la inclusión de representantes obreros en el Consejo Fiscal del Instituto Nacional de Seguridad Social.

El secretario de Estado agregó que está en curso un estudio sobre el impuesto por rendimiento de trabajo, que era otro de los reclamos, y precisó que los representantes sindicales serán incluidos en esas discusiones técnicas con el objetivo de viabilizar una posible alteración del modelo en vigor.

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