Por unanimidad, los cinco integrantes de esa clase votaron para hacerlo reo. Son ellos: la relatora del caso, Carmen Lucía Antunes, los magistrados Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux y Alexandre de Moraes.
Tal denuncia se fundamenta en un video en el cual Moro es visto riendo y mencionando la posibilidad de «comprar un habeas corpus del Gilmar Mendes».
En abril del año pasado, cuando se presentó la imputación, el senador criticó la medida, llamándola azotada y sin base.
Para Antunes, «la alegación del denunciado de que sus palabras fueron proferidas en un contexto de forma no autoriza la ofensa al honor del magistrado, y mucho menos, por razones obvias, no puede servir de justificación para la práctica del delito de calumnia».
Al defender a su defendido, el abogado de Moro, Luis Felipe Cunha, arguyó que él hizo esas declaraciones en un tono de broma, en el contexto de una fiesta y en ningún momento atribuyó a Mendes de vender sentencias.
La Procuraduría General de la República denunció a Moro por esas palabras en abril de 2023 y pidió que pierda el mandato de senador en caso de que la condena supere los cuatro años de prisión.
El 21 de mayo, Moro quedó ratificado como senador después que el Tribunal Superior Electoral (TSE) desestimara por unanimidad las acusaciones que buscaban revocar su mandato parlamentario.
Prevaleció en la audiencia el voto del ponente, ministro Floriano de Azevedo. Para los siete magistrados del TSE, no cometió abuso de poder económico en las elecciones de 2022, en las que obtuvo un mandato de ocho años como senador.
La corte evaluó recursos presentados por el Partido Liberal y la Federación Brasil de la Esperanza (que reúne a los partidos de los Trabajadores, Comunista de Brasil y Verde) contra la decisión del Tribunal Regional Electoral de sureño estado de Paraná (TRE-PR), que rechazó las acusaciones. En la práctica, aquella decisión mantuvo el mandato del exjuez como senador.
Moro adquirió reputación nacional e internacional al comandar, entre marzo de 2014 y noviembre de 2018, el juicio en primera instancia de los delitos identificados en la desarticulad operación judicial Lava Jato.
Sin pruebas, castigó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2017 a nueve años y seis meses de prisión por supuestos actos de corrupción.
Luego desistió al cargo de magistrado y fue nombrado ministro de Justicia por el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).
Más tarde dejó el puesto después que el exgobernante ultraderechista removiera sin consultarlo al entonces director de la Policía Federal, Maurício Valeixo, un hombre de su confianza.
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