Los jefes de las diferentes fracciones convinieron en ese día para debatir la solicitud de consulta popular presentada días atrás por el Gobierno de Rodrigo Chaves sobre temas de su interés que causan discrepancias entre los legisladores, publicó el canal Teletica.
El punto principal entre los asociados a la votación mediante el controvertido referendo es la llamada «Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica», propuesta por el jefe de Estado, y motivo de discusiones entre los miembros de la Asamblea Legislativa sobre la ruta a seguir.
Las principales contradicciones originadas por esa iniciativa entre los diputados es que su texto está Centrado, “casi por completo», según algunos de sus detractores, en limitar las competencias y funciones de la Contraloría General de la República.
El debate previsto para el 25 de junio y la fecha en cuestión –señala Teletica- dependerá del análisis que haga el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, respecto a posibles consultas sobre el proyecto de instancias como la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Arias opinó que la consulta a ese último órgano debiera ser después que el Plenario tome una decisión, mientras el máximo tribunal electoral decidiría si envía el proyecto o no a la Sala Constitucional.
El legislador Rubén Hernández, por su parte, insistió en que en todos esos órganos existen criterios respecto a que son inconstitucionales los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General que incidan en su fiscalización.
“Lo que tenemos que ofrecer –subrayó- es un pase de admisibilidad, no es un +estudio para poderla cambiar, reformar o adicionar, eso no puede hacerse. Precisamente el origen del referendo es que esto (el proyecto) se le envíe al pueblo y sea este el que determine”.
La única diputada que ya adelantó su voto –destaca Teletica- es la liberacionista Andrea Álvarez, quien este jueves hizo público su rechazo a la consulta popular, al aducir severos cuestionamientos de constitucionalidad.
“El proyecto es lamentable y decepcionante, pues no incide en la calidad de vida de los costarricenses. Esperaba que sometieran a la voluntad popular temas de impacto en la seguridad, economía, vivienda y otros aspectos que siguen pendientes de resolverse.
Lo propuesto –subrayó Álvarez- “es una venganza contra las instituciones que evitan, hoy por hoy, que los corruptos se roben la plata y cometan actos irregulares”.
Los debates sobre la “Ley Jaguar” del ejecutivo llevan unas dos semanas en el escenario legislativo tico, signados por fuertes cuestionamientos de personalidades como la propia Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien el 5 de junio la emprendió contra el proyecto.
“La iniciativa del Poder Ejecutivo –expresó en un comunicado- desmantela las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General; suprime ámbitos de control y restringe sus funciones en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses».
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