Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban Franco y el conductor Anderson Gomes el 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro.

La activista de los derechos humanos regresaba a su casa tras participar en un debate con jóvenes negras, cuando su auto fue baleado: ella recibió disparos en la cabeza y el chofer en la espalda.

Brazão era concejal en la ciudad carioca en la época del crimen. Actualmente es reo en el Supremo Tribunal Federal (STF) al lado de su hermano Domingos Brazão, imputado por el mismo homicidio.

El primer testigo es el diputado Tarcísio Motta, indicado por la parlamentaria Jack Rocha, ponente del proceso contra Brazão.

Motta fue citado en la denuncia del expolicía militar Ronnie Lessa, asesino confeso de la concejala, como uno de los legisladores supervisados por orden de los hermanos Brazão.

Además del político serán escuchados otros testigos señalados por la defensa de Domingos Brazão: Eduardo Paes, alcalde de Río, y Jorge Miguel Felippe y Willian Coelho, ambos concejales en el mismo estado.

También Reimont Luiz Otoni, diputado federal, Marcos Rodrigues Martins, asesor de la Cámara baja de la llamada Ciudad Maravilla, y Thiago Kwiatkowski Ribeiro, consejero vicepresidente del Tribunal de Cuentas del municipio de Río.

Todos fueron convidados a testificar este martes, pero ninguno de ellos confirmó presencia.

Además de citados fueron invitados: mayor Ronald Paulo Alves Pereira, acusado de monitorear la vida de la concejala, y el expolicía militar Élcio Vieira de Queiroz, sospechoso de participar en el crimen.

Tales testimonios fueron autorizados por el ministro Alejandre de Moraes, del STF, siempre y cuando se realicen por videoconferencias. Las defensas, sin embargo, tampoco confirmaron presencia.

El proceso contra Chiquinho Brazão fue instalado en abril y, en junio, el plan de trabajo fue publicado y seis testigos fueron invitados.

A pesar de tres intentos, ninguna de las pruebas ha sido escuchada hasta el momento.

En total, el Consejo de Ética tiene un plazo de 60 días hábiles para finalizar los trabajos. En ese tiempo, son oídos los testigos y el acusado tiene 10 jornadas hábiles para presentar su defensa por escrito.

Tras el trámite en esa junta, la decisión de los diputados todavía va a votación abierta en el pleno de la Cámara baja. La revocación del mandato requerirá la mayoría absoluta de los votos, es decir, al menos 257.

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