El mes de agosto marcó ya cuatro jornadas sin asesinatos atribuibles a las pandillas, tres de ellas de forma consecutivas, para algunos un indicativo de la efectividad de la medida que suprime varios derechos constitucionales y es cuestionada por sectores de oposición que esperan una modificación sin afectar la seguridad ciudadana.
Desde el inicio del gobierno del presidente Nayib Bukele en junio de 2019, hasta el pasado 7 de agosto, las estadísticas policiales muestran 679 días sin homicidios y el arresto de cerca de 82 mil presuntos pandilleros y colaboradores.
La ampliación otro mes de la iniciativa fue firmada por el voto de 57 legisladores de Nuevas Ideas, del Partido de Concertación Nacional (PCN) y los Demócratas Cristianos.
A propuesta del gabinete de Seguridad de Bukele se mantiene la suspensión de tres disposiciones constitucionales, el segundo inciso del artículo 12, el segundo inciso del artículo 13 y el artículo 24 de la Constitución salvadoreña.
La ampliación comenzará este 9 de agosto hasta por 30 jornadas y fue aprobada con 57 votos a favor, dos abstenciones (Arena) y un voto en contra, el de Claudia Ortiz, de Vamos.
Al justificar su abstención, la diputada Marcela Villatoro (Arena) abogó por aprobar una ley especial para brindar seguridad a los salvadoreños y cesar con la prórroga del régimen.
«Debe haber una ley especial, ya no se puede continuar prórroga tras prórroga porque, si el meollo del problema ya se supone que terminó, pues ya debería ser hora de tener una ley especial que regule, siempre y cuando se respeten los derechos constitucionales de los salvadoreños que están siendo suspendidos», alegó.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, dijo que lo que la gente está pidiendo es «tranquilidad, pero sin margen de error».
Hay reiteradas denuncias de grupos defensores de los derechos humanos que acusan a autoridades de arrestar a miles de personas inocentes por presuntas sospechas de cooperar con las pandillas, a la vez que no faltan denuncias de violencia contra inocentes detenidos y la muerte de cerca de 300 reos en centros penales de El Salvador.
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