Agentes del Grupo de Trabajo de Delitos contra la Niñez purtorriqueña arrestaron el jueves, 8 de agosto, a Eric Jonuel Collazo-Colón, de 33 años, tras un gran jurado acusarlo el 1 de agosto de cuatro cargos de coerción y seducción de un menor, explotación sexual de niños, recepción de material de explotación infantil y transferencia de material obsceno.
Según los documentos judiciales, desde octubre de 2023 hasta junio de 2024, Collazo-Colón utilizó su computadora, teléfonos celulares y aplicaciones de redes sociales de Internet para persuadir y seducir a una menor de edad, de entre 14 y 15 años, para que participara en actividades sexuales y conductas sexualmente explícitas.
Durante ese período, el sujeto produjo, recibió y transmitió material de explotación infantil, además de transferir material obsceno a la menor, por lo que se expone a una sentencia mínima de 15 años y una sentencia máxima de hasta cadena perpetua.
En una situación separada, Jason Daniel Vargas, de 19 años, fue arrestado el jueves, 8 de agosto, luego que en la víspera se emitiera una acusación federal en su contra por coerción y seducción de un menor y la transferencia de material obsceno a un menor.
Según la acusación, en marzo de 2023, el imputado utilizó un teléfono celular y un iPad para inducir a una menor de 11 años a participar en una actividad sexual.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
De ser declarado culpable, Vargas, quien también le transfirió material obsceno a la menor, enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua.
En un tercer caso, Roberto Rosa-Martínez, de 39 años, fue arrestado también el jueves, 8 de agosto de 2024, por producción de pornografía infantil.
De acuerdo con la acusación presentada el 1 de agosto, Rosa-Martínez persuadió, indujo, sedujo y coaccionó a una menor de 13 años para que participara en una conducta sexualmente explícita con el propósito de producir una representación visual de tal actividad.
Si es declarado culpable, Rosa-Martínez enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 15 años y una máxima de 30 años de prisión, lo que determinará un juez de un tribunal federal de distrito en Puerto Rico después de considerar las pautas de sentencia y otros factores legales.
La fiscal de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, Daynelle Álvarez Lora, está a cargo del procesamiento.
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