El dirigente del SUPU, Ricargo González, dijo que “no existen garantías reales ni marco jurídico acorde” para que se puedan realizar con seguridad esos procedimientos en los hogares.
González especificó que se necesita equipo y formación, en primer lugar, pero también precisiones en cómo se implementará la legislación, así como la participación de fiscales o jueces.
Recriminó falta de diálogo con el Ministerio del Interior, como el que sostuvo el Sindicato de la Policía Nacional (Sipolna).
Este gremio también rechazaba la iniciativa de los allanamientos en horarios nocturnos, pero conversaciones con las autoridades ministeriales le hicieron reevaluar su postura y demandar protocolos de actuación.
La propuesta resulta polémica y tiene en contra la posición de agrupaciones de la sociedad civil, y del opositor Frente Amplio, bajo diversos argumentos.
El candidato presidencial del Frente, Yamandú Orsi, criticó alegados intereses electoralistas por parte del Gobierno, que presenta los allanamientos como la «bala de plata contra el narcotráfico».
Lo cierto es que resulta un tema de la actual campaña electoral, una de las banderas del candidato por el oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado, y de aspirantes de otros partidos de la llamada Coalición Republicana, en el poder.
Una encuesta de Equipos Consultores informó anoche que el 64 por ciento de los uruguayos votará el plebiscito, contra 31 en desacuerdo.
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