De acuerdo con el comunicado, ese recurso que impulsó la representación del exgobernante, condenado a más de 10 años de cárcel en el caso New Business y asilado en la embajada de Nicaragua, buscaba separar a López de la demanda de inconstitucionalidad.
Martinelli presentó una recusación contra la magistrada López, alegando que mantienen una enemistad manifiesta, que ha quedado evidenciado en una gran cantidad de cuestionamientos públicos.
El recurso también sostiene que Martinelli ha presentado denuncias contra la magistrada ante la comisión de credenciales de la Asamblea Nacional(parlamento unicameral), que datan del año 2021.
A la vez plantea que ante estas situaciones lo prudente es que la magistrada se separe de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Martinelli contra la sentencia mixta No 02 de 17 de julio del 2023.
La demanda de inconstitucionalidad de Martinelli alega que la juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, lo procesó y condenó cuando aún gozaba de la protección del principio de especialidad.
El pasado 22 de agosto a la magistrada López le fue asignada la ponencia de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Martinelli.
Resuelta la recusación, ahora la letrada puede iniciar la preparación de proyecto sobre la admisión o no de la demanda presentada por Martinelli y luego someterla a la consideración del resto de los magistrados que componen el Pleno de la CSJ.
El caso New Business comenzó en el 2017 y tiene relación con la compra con presuntos fondos públicos de la Editorial Panamá América SA (Epasa) por 43.91 millones de dólares en diciembre de 2010 cuando Martinelli era presidente.
Para varios analistas lo que está en juego, como antes, es si continúa la impunidad galopante en delitos de alto perfil o impera la llamada certeza de castigo y hasta la credibilidad del propio sistema judicial panameño, en el entendido de que Martinelli se ha enfrentado a otros procesos penales y ha salido ileso.
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