La orden fue emitida por el magistrado Misael Rodríguez, quien pide la declaración por medio de certificación juramentada, lo que significa que el jefe de Estado responderá a las preguntas de la Corte a través de un cuestionario.
Según dictaminó el alto tribunal, las preguntas que hagan los abogados involucrados en el proceso deben ser contestadas en un plazo de tres días hábiles.
El gobernante no está directamente relacionado con las sospechas de malversación, sino que se le pide su declaración como testigo en un caso en el que se hallan imputados seis congresistas a los que se les investiga por un presunto delito de cohecho relacionado con la Ungrd.
Durante el pasado mes de mayo, tras revelarse una trama de corrupción en la que estaban involucrados exdirectivos de esa entidad, Petro encargó a la Fiscalía indagar toda la contratación de esa unidad de los últimos ocho años con total celeridad.
También calificó al de la Ungrd como un caso de corrupción estructural y profesional que, desde hace años, evapora los dineros que son para las víctimas de tragedias naturales y climáticas, al destinarlos para el enriquecimiento personal de varios funcionarios.
“Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, aseguró en ese entonces.
Como resultado del escándalo, el presidente aceptó la renuncia de su consejera para las regiones, Sandra Ortiz, e hizo un llamado a las entidades encargadas de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los delitos cometidos.
Asimismo, el Gobierno anunció varias medidas con el fin de identificar, documentar y enfrentar cualquier acto de corrupción para luego facilitar la actuación independiente y efectiva de la Fiscalía colombiana, según informó oportunamente la Presidencia.
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