En el marco del Estado de Prevención por 15 días vigente en cinco departamentos, la institución subrayó que es deber constitucional de garantizar el orden público, la libre locomoción y la seguridad de todos los ciudadanos.

Mediante un comunicado, explicó que, si bien la Ley de leyes avala el derecho a la manifestación pacífica, este no es absoluto y encuentra sus límites en el respeto a los derechos de terceros y el cumplimiento de las normativas bajo regímenes de excepción.

Informó además que giró instrucciones precisas a las unidades operativas para actuar con estricto apego a los protocolos de derechos humanos, pero con la firmeza necesaria para mantener expeditas las vías de comunicación.

Cualquier persona que participe en actos vandálicos o bloqueos ilegales será puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes, remarcó la PNC.

Instó a los grupos sociales y a la población en general a deponer actitudes de confrontación y a canalizar sus peticiones por las vías legales y el diálogo. Igualmente evitar exponerse a consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento del Estado de Prevención.

No obstante a este, el 9 del presente mes se registraron 17 homicidios en solo esa jornada, lo cual para muchos significó una cifra preocupante. El lunes en la tarde sobresalió en esta capital (18 avenida y 8a. calle de la zona 6) un ataque armado en una cevichería.

El incidente, ampliamente difundido en las plataformas digitales, dejó como resultado a seis personas muertas y dos heridos, entre ellos un niño de cinco años.

Ocurrió cuando dos hombres irrumpieron el lugar y dispararon indiscriminadamente contra los comensales, supuestamente, según hipótesis de la PNC, por una rivalidad entre dos pandillas del sector.

La colonia La Reformita, zona 12 de la urbe, fue escenario la víspera de hallazgos sumamente alarmantes, tres víctimas mortales envueltas en sábanas en dos puntos distintos, lo que generó un fuerte despliegue de las autoridades.

Analistas citados por el diario local Prensa Libre reconocieron bajas en delitos a partir de los Estados establecidos desde el 19 de enero último por el Gobierno, pero advirtieron que los resultados son limitados y no resuelven las causas de la inseguridad.

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