El 11 de diciembre de 1981, militares del Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador desencadenaron la masacre contra pobladores de los cantones de El Mozote, La Joya, Los Toriles, La Ranchería, caserío Jacote Amarillo y cantón Cerro Prado en el norte del departamento de Morazán.
Cerca de mil civiles, principalmente mujeres, niños y ancianos, fueron asesinados por los militares de la fuerza militar élite del ejército.
En este aniversario, al menos cuatro organizaciones de derechos humanos denunciaron la víspera que el caso sigue sin avances en el proceso judicial, pese al compromiso de organismos internacionales y las demandas de las familias de las víctimas.
Las organizaciones Cristosal, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, Tutela Legal y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote lamentaron la falta de acción para que el caso avance a la etapa de juicio y sentencia.
David Morales, un abogado acusador, denunció el entorpecimiento del proceso desde el nombramiento de la jueza de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, quien aseguran ordenó diligencias que retrasan que el caso llegue a juicio.
“Más de mil personas fueron asesinadas en tres días en El Mozote y cantones aledaños en diciembre de 1981. Más de 500 de estas víctimas eran niños, niñas y adolescentes; estamos por cumplir 43 años de la perpetración de esta masacre”, detalló Morales.
El abogado defensor señaló que cuentan con una amplia documentación y elementos testimoniales, de decenas de testigos directos que demuestran los hechos, “hablamos de una cadena de mando militar que ha identificado a los máximos responsables, principalmente el exministro de Defensa, Guillermo Garcia”, dijo.
En el caso se acusan a 16 personas, entre ellos a los miembros del Batallón Atlacatl, de los cuales tres ya fallecieron, desde que se reabrió el caso en 2008.
El exministro de Defensa Guillermo García también está sujeto a proceso por el asesinato en una emboscada en 1989 de cuatro periodistas holandeses.
Según afirman familiares y organizaciones sociales, a más de cuatro décadas de los hechos, el Estado salvadoreño debe garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
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