Un aviso del Sistema Nacional de Protección Civil llamó a mantenerse alerta ante cualquier actividad sísmica en la Zona de la Unión, en especial en los alrededores y el pueblo de Conchagua.
Mientras, en la capital del país comunidades organizadas, iglesias históricas, y organizaciones sociales ambientales marcharon hasta la Asamblea Legislativa para exigir no sea derogada la Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica de 2017, ya que significaría un riesgo en la vida, salud y el bienestar de la población.
Según los colectivos, el principal daño ambiental de la minería metálica para El Salvador es el uso excesivo y contaminación del agua, provocado por el proceso de del oro.
Mientras otro grupo, familiares de presos bajo en régimen de excepción, llegó hasta Casa Presidencial para entregar un pliego de demanda para que el país disfrute de unas navidades sin presos inocentes de pertenecer a las pandillas.
Por otra parte, grupos defensores de los derechos humanos exigieron este martes que se haga justicia en el caso de la masacre El Mozote, un crimen cometido por fuerzas del ejercito durante la guerra civil que dejo cerca de mil personas asesinadas principalmente mujeres, niños y ancianos.
Los demandantes denunciaron acciones realizadas por la nueva jueza del caso judicial de masacre El Mozote, las cuales consideran solo buscan retrasar que el proceso avance a la etapa de juicio y sentencia.
En este ambiente donde el clima y los temblores de tierra se suman a protestas, el país se apresta a despedir 2024 e iniciar 2025 en un clima de interrogantes y promesas gubernamentales para impulsar la economía y el desarrollo del país.
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