El pleno parlamentario discutirá este viernes el asunto, luego de que la titular del organismo, Viviana Veloz, informara que acudirá a la Corte Constitucional con dos recursos.
Por un lado, presentará una acción de inconstitucionalidad de la norma que a pesar de que el pleno de la Asamblea la rechazó y la archivó tras el primer debate el pasado 27 de noviembre, el mandatario ordenó su publicación en el Registro Oficial.
Como el pronunciamiento de la Corte pudiera demorar, incluso meses, la presidenta del legislativo dijo que hoy mismo solicitarán una medida cautelar para la suspensión temporal de la aplicación de la ley, hasta que haya una decisión definitiva.
No obstante, aunque acudirá a la Corte Constitucional, Veloz manifestó no confiar en esa instancia legislativa que en otras ocasiones se ha sometido al poder político.
«En los dictámenes emanados la semana anterior, la Corte Constitucional prácticamente se lava las manos y permite que se sigan cometiendo arbitrariedades», apuntó Veloz.
Según el Gobierno, la Ley Antipillos es considerada clave “para atacar y asfixiar las economías narcodelictivas y las fuentes de financiamiento del crimen organizado”.
El proyecto del Gobierno fue negado con 84 votos, fundamentalmente de las bancadas del Partido Social Cristiano, de la Revolución Ciudadana (RC) y de Construye.
Veloz aseguró que la promulgación del proyecto urgente responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“De ley antipillos no tiene nada, no hay ningún combate a los pillos y corruptos de este país. Lo que existe a través de este decreto ley es poner más tributos a la clase media dentro de esta débil economía”, enfatizó la legisladora.
A raíz de la publicación del decreto, la Asamblea cuestionó a la administración de Noboa por violar el artículo 40 de la Constitución en un “acto sin precedentes en nuestra democracia”.
Como un “apagón jurídico” calificó el poder legislativo la decisión del gobernante de imponer una Ley, “que afecta la economía de todos los ecuatorianos”.
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