El activista, insistió este martes en entrevista con una radio local que la militarización de las prisiones implementada por el Gobierno no ha funcionado, pues las extorsiones y asesinatos continúan dentro de los centros de privación de libertad.
Hace un año, el Ejecutivo dio luz verde a los militares para ingresar a las cárceles y, según Navarrete, las instituciones de derechos humanos y hasta la Defensoría del Pueblo han sido impedidas de entrar a la Penitenciaría del Litoral, la mayor del país, a comprobar las condiciones de los reos.
No obstante, el CDH consiguió una orden de un juez y lograron acceder a esa prisión en 2024.
Navarrete señaló restricciones en la alimentación, además de torturas y el pago de extorsiones.
Al respecto detalló que las familias deben pagar hasta 400 dólares mensuales para mantener a los detenidos con vida, por lo cual pese a la presencia de militares consideró que las mafias siguen gobernando.
Como resultado de la visita, denunció que alrededor de 500 reclusos estaban con tuberculosis y sin recibir atención médica adecuada.
Por otro lado, el abogado detalló que solo en el último año se registraron 76 asesinatos en las diferentes cárceles del país.
Un informe preliminar elaborado por el CDH, con corte en noviembre de 2024, detalló actos de tortura física, psicológica y sexual, además de tratos crueles e inhumanos cometidos durante los primeros tres meses de intervención militar en las prisiones.
El informe reportó casos de hacinamiento extremo, falta de agua potable y graves deficiencias en la atención médica.
También resalta el abandono de grupos vulnerables como mujeres trans, personas con discapacidades y adultos mayores, quienes enfrentan riesgos aún mayores sin una respuesta adecuada del Estado.
El Comité instó al Gobierno a implementar un plan de emergencia penitenciario para restaurar condiciones básicas de seguridad, salud y alimentación y limitar la participación de las Fuerzas Armadas en la gestión penitenciaria.
La militarización no resolvió los problemas de violencia en las cárceles, sino que los exacerbó y dejó a los reclusos en una situación de extrema vulnerabilidad, concluyó el estudio.
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