La administración del presidente Luis Lacalle Pou concretó el acuerdo con el consorcio privado Aguas de Montevideo, que integran cuatro empresas.
“De esta manera, se culmina un proceso que se inició en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y la operación de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable”, dijo un comunicado de Presidencia.
Añade que la obra permitirá tener una “fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos”.
El contrato añadió un memorándum para eventuales modificaciones que “en un futuro se quieran realizar”.
La decisión del gobierno de Lacalle Pou se llevó a cabo sin el aval del gobierno entrante, que presidirá Yamandú Orsi. El ministro designado de Ambiente, Edgardo Ortuño, es un franco crítico de este contrato.
Al igual que organizaciones sociales, Ortuño rechaza que la toma de agua se realice en el Río de la Plata, con alta salinidad y contaminación.
El futuro titular de Ambiente dijo que la firma del contrato va contra el diálogo que demanda la actual transición.
Otros sectores aducen inconstitucionalidad pues la carta magna indica que la gestión del agua corresponde a la función pública.
El gobierno saliente recordó la crisis hídrica que afectó el país en 2023 y la necesidad de una segunda fuente de aprovisionamiento del vital líquido para la zona metropolitana de Montevideo, con el 60 por ciento de la población del país.
Luego de conocerse la firma del contrato, decenas de personas protagonizaron protestas frente a Torre Ejecutiva, sede del poder Ejecutivo.
Trabajadores de la estatal Obras Sanitarias del Estado también repudiaron el acuerdo.
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