La víspera, la Asamblea Legislativa en la que el partido Nuevas Ideas (NI), en el gobierno, tiene mayoría de 54 diputados de 60, aprobó la ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que agrega un procedimiento ágil de reforma constitucional.

Este movimiento, cuyo primer objetivo sería eliminar el artículo 210 que establece el financiamiento de los institutos políticos con fondos del estado, según críticos, permitiría la entrada de recursos de oscura procedencia en la política local.

Al respecto, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, el abogado Eduardo Escobar, manifestó en un comunicado que la ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución afecta la seguridad jurídica o la certeza del derecho.

La acción legislativa es blanco de acentuadas críticas de organizaciones no gubernamentales, abogados y partidos de oposición que estiman este proceso establecerá reglas poco claras.

Escobar acentuó que “abre la posibilidad de que cambien cualquier cosa. Pueden reconfigurar el Estado, eliminando o incluyendo nuevas instituciones, pueden cambiar a un sistema mayoritario, pueden eliminar deuda política», ejemplificó.

«Es otra acción inconstitucional que solo busca favorecer la concentración de poder», consideró.

Mientras, el abogado Enrique Anaya valoró que el mecanismo ágil de reforma constitucional aprobado mediante el cambio al artículo 248 es «inconstitucional» porque no se siguió el proceso de reforma y no hubo debate, y así la mayoría de NI y aliados podría reformar «cualquier cosa» según lo requiera Nayib Bukele.

«Potenciará inseguridad jurídica, pues el régimen autocrático le conferirá forma constitucional» a lo que quiera el mandatario, indicó el abogado, quien alertó sobre un camino hacia una dictadura.

Otro crítico, el abogado José Marinero, escribió en la red social X: “¿Para qué sirve a la dictadura reformar la Constitución que nunca respetó? Da al proyecto autoritario una careta de legitimidad: podrán decir que no hacen más que cumplir la Constitución. Hará que se cumpla más rápido el capricho del dictador”.

Otros grupos como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), destacaron que la reforma «elimina la posibilidad de generar un debate público» sobre las reformas constitucionales.

Lo que está claro es que la modificación está enfocada en eliminar la deuda política que se paga a los partidos y que algunos analistas valoran es un proceso que fomentó la corrupción y la falta de transparencia.

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