De acuerdo con la organización, amparados en la declaratoria de conflicto armado interno, adoptada por el presidente Daniel Noboa hace un año para enfrentar al crimen organizado, los militares serían responsables de las desapariciones.
El CDH explicó que se considera desaparición forzada al arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas con su autorización, lo cual es seguido por la negativa a revelar su situación o paradero.
Entre los casos mencionados está el de los cuatro niños del barrio guayaquileño Las Malvinas, cuyos cuerpos fueron hallados en diciembre pasado calcinados y con signos de abusos, un hecho que conmocionó al país.
Asimismo, el CDH reveló patrones comunes en los hechos, entre ellos operativos sin órdenes judiciales y allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza y amenazas a testigos y familiares.
Paralelo a ello, se han identificado patrones en relación a obstáculos en el acceso a la justicia y falta de eficiencia en procesos investigativos, indicó el colectivo que describió en su reporte casos ocurridos en las provincias de Los Ríos, Guayas y Esmeraldas.
El 9 de enero de 2024, tras una serie de sucesos violentos, el presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno en el país, lo cual permitió la movilización de militares a nivel nacional, incluidos en los centros de privación de libertad.
A su vez, las Fuerzas Armadas actúan en operativos de seguridad interna como parte de una serie de estados de excepción decretados desde el año pasado y que el mandatario renueva constantemente ante la ola de violencia persistente en el territorio nacional, principalmente en las provincias de la costa.
Organismos de derechos humanos dentro y fuera de Ecuador criticaron la militarización como medida contra la inseguridad por los riesgos de abusos y violaciones a las garantías fundamentales.
El Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha exigido medidas de acción urgente en algunos de los casos y exige investigaciones imparciales, protección para los familiares de las víctimas y la preservación de evidencias.
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