De acuerdo con el comunicado del Órgano Judicial, ese convenio viola varios preceptos de la Constitución, específicamente al no garantizar el máximo beneficio para el pueblo, lo cual es un principio fundamental en la Carta Magna.
El letrado Norman Castro argumentó que, al otorgar esta concesión, el Estado privilegió el interés privado sobre el interés público, cediendo prácticamente todos los derechos sobre los puertos a la empresa a cambio de casi nada.
Este contrato, según el demandante, contraviene una decena de artículos de la Constitución relacionados con la gestión de bienes públicos y su aprovechamiento en favor de la sociedad.
Además, Castro menciona que la renovación del contrato de concesión durante la anterior administración también está incluida en la demanda, dado que, al ser un acto accesorio, sigue la suerte del contrato principal.
Este recurso se suma a otras acciones legales previas, como la que se presentó contra el contrato minero con la trasnacional canadiense First Quantum, a finales de 2023, en las que se cuestiona la legitimidad de ciertos acuerdos que, según los demandantes, no favorecen a los intereses nacionales.
La demanda se da luego que la Contraloría iniciara una auditoría a la compañía y tras la visita de dos días al istmo del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien cuestionó la presencia china en el control del Canal de Panamá a través de esos puertos .
Según el contralor general de la República, Anel Flores, en la inspección se pudo constatar que PPC lleva tres años «sin pagar un centavo” al Estado.
Según Flores, la empresa justificó el incumplimiento alegando un pago anticipado de 35 millones de dólares, que fue desembolsado durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), pero sin información de su destino.
En su contrato original, pactado en 1997, PPC se comprometió a pagar una anualidad fija de 22.2 millones de dólares por 25 años, pero la compañía nunca cumplió.
El contralor indicó al respecto que la ausencia de pagos afecta la ejecución del presupuesto general del Estado y anunció que propondrá modificaciones al Contrato Ley 5, para lo que pedirá la ayuda del Ejecutivo y la Asamblea Nacional (AN, parlamento).
Tras concluir si visita a la nacion centroamericana, Rubio consideró como un «gran paso» el anuncio del presidente panameño, José Raúl Mulino, de que no renovará la participación en la iniciativa china de la Ruta de la Seda, sobre cooperación para proyectos de infraestructura, suscrito en 2017.
Sin embargo, el pasado domingo, el presidente Donald Trump insistió en no estar satisfecho con los acuerdos logrados en esa estadía y reafirmó que va a «recuperar» el canal de Panamá, de lo contrario, algo «potente» sucederá.
El magnate republicano adelantó que el viernes próximo en la tarde conversará sobre el tema con Mulino, vía telefónica.
mem/ga