Justicia social y desarrollo, oferta de Luisa González para Ecuador
Ecuador a 24 horas de las elecciones generales
De 37 años de edad, nacido en Miami, Estados Unidos, e hijo de una de las familias más ricas del país, llegó a la jefatura del Ejecutivo ecuatoriano en 2023, cuando prácticamente nadie veía posibilidades en su candidatura.
Ahora, luego de 15 meses de gobierno, busca mantenerse en el poder por cuatro años (2025-2029) y es uno de los que encabeza las intenciones de voto entre los 16 nombres de la papeleta, según encuestas.
Estos comicios serán una suerte de plebiscito sobre su corto mandato, caracterizado por la militarización amparada en la declaratoria de conflicto armado interno contra el crimen organizado y estados de excepción, medidas cuestionadas con denuncias de violaciones de derechos humanos.
Aunque son numerosos los problemas latentes en el país, que cerró 2024 como el segundo año más violento de la historia y en enero pasado hubo más de 700 homicidios, figuras de cartón con la imagen del gobernante se pueden ver en balcones y ventanas de sus simpatizantes.
Uno de los escándalos que marcaron su gestión y fue repudiado por la comunidad internacional fue el asalto a la embajada de México en abril de 2024, cuando ordenó a uniformados entrar por la fuerza a la sede diplomática para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
“Ecuador ya cambió y quiere seguir cambiando”, defendió el pasado jueves el representante del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en su cierre de campaña.
Entre los cambios de su mandato están el aumento del 12 al 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la eliminación de los subsidios a las gasolinas de mayor consumo, lo cual aumentó el costo de la vida en esta nación sudamericana al amparo de un programa crediticio del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La crisis eléctrica, con apagones de hasta 14 horas diarias durante tres meses que dejaron pérdidas millonarias y aumento del desempleo y la informalidad, así como el caso de los cuatro menores asesinados en Guayaquil tras una operación militar impactaron la popularidad de Noboa.
A fin de sostener su propia campaña sin dejar la presidencia, Noboa entró en conflicto con su vicepresidenta, Veronica Abad, y eso conllevó a un escándalo político, y un caos jurídico que ha merecido el cuestionamiento de abogados e incluso de sectores de derecha que lo catalogan como autoritario y hasta dictador.
De una u otra forma, Noboa burló los controles legales, institucionales y financieros, mientras desarrolló una campaña respaldada abiertamente por funcionarios del Estado, medios hegemónicos, troles en plataformas digitales y noticias falsas, según afirman sus rivales.
Pese a los problemas acrecentados en el país, se mantiene a flote de cara a los sufragios.
El principal sostén de su candidatura es el “anticorreísmo”, lo cual ha profundizado la polarización aún cuando en su discurso de posesión, en 2023, dijo no seguir la corriente “anti”.
Su proyecto de Gobierno fue calificado por el historiador Juan Paz y Miño como “neoliberalismo-libertarianismo apoyado por el bloque de poder oligárquico y mediático”.
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