Yamir Córdoba, dirigente del sindicato de los trabajadores de la Construcción, dijo a la prensa que cerca de 500 obreros fueron detenidos por rechazar en las calles esa iniciativa impuesta por el Gobierno y hay decenas de desaparecidos.

Según conoció Prensa Latina, ese grupo de aprehendidos fueron recluidos de manera provisional en los estacionamientos de la Policía Nacional en Ancón, en esta capital.

Córdoba aseveró que las acciones seguirán hasta derrotar esa iniciativa y adelantó que la presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, convocó para mañana a representantes de los movimientos populares, ocasión en la que una vez más presentarán sus propuestas de reformas a la única entidad pública que atiende a los jubilados.

Por su parte, en la jornada, agrupaciones que integran la alianza Pueblo Unido por la Vida llegaron hasta las inmediaciones del Parlamento para exigir que se retire esa norma que apunta a la privatización de la CSS y contempla medidas como elevar la edad de jubilación, a lo que se oponen los colectivos.

Sobre los violentos enfrentamientos esta mañana en la céntrica Avenida Balboa, entre los obreros de la construcción y unidades antimotines, con saldo de 16 policías heridos, según el Ejecutivo.

Pero el máximo líder de ese gremio, Saul Méndez, dijo que fueron los uniformados quienes tomaron el Hospital del Niño y un Hospital público aledaño (Santo Tomás) para amedrentar a los manifestantes, con el uso de gases lacrimógenos, que afectaron también a pacientes.

Méndez calificó de «atropello» los intentos de acallar las voces de los obreros indignados por los planes de grupos oligárquicos de desmontar el sistema de seguridad social y de salud en el istmo.

”Pretenden robar los recursos de los trabajadores para darlos a los bancos y administradoras de fondo de pensiones privados. La dignidad y lucha del pueblo serán puestas a prueba y triunfarán”, remarcó.

En la cuenta oficial del Sindicato de la Construcción en X, advirtieron en una publicación dirigida al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, que si la orden a las autoridades es “reprimir y violentar a los trabajadores”, este tendrá que “asumir las consecuencias”.

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, condenó la actuación de los manifestantes, a los que llamaban «terroristas», y dijo esperar que «caiga todo el peso de la ley» sobre ellos.

Mientras, el coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Jorge Guzmán, recriminó las acciones represivas de un Gobierno que ataca a su pueblo, pero se doblega ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de apoderarse del Canal de Panamá, en afrenta a la soberanía nacional.

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