La ola de ajustes del presidente Donald Trump y Elon Musk con su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) tuvo nuevos capítulos en esta última reestructuración federal.
A varios jefes de agencias del gobierno se les ordenó que comenzaran a despedir a los empleados que todavía estaban en período de prueba, o sus primeros uno o dos años en el trabajo.
La directiva, emitida a principios de esta semana, podría afectar a más de 200 mil empleados federales.
El DOGE ha exacerbado sus esfuerzos para reducir el gasto gubernamental, en algunos casos buscando desmantelar agencias o departamentos enteros.
La purga llegó al Departamento del Interior, que despidió a unos dos mil 300 empleados siguiendo las órdenes de la Oficina de Gestión de Personal; el de Asuntos de Veteranos dejó fuera a más de mil nuevos trabajadores y la Agencia de Protección Ambiental, que cesanteó a casi 400.
También el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene en planes despedir a casi todos los cinco mil 200 empleados en etapa de prueba, informaron diferentes medios locales la víspera.
En este contexto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades podrían perder hasta una décima parte de su personal, o sea, unos mil 300 integrantes de su plantilla.
La barrida esta semana incluyó igualmente a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, donde más de 100 empleados fueron despedidos.
Otro foco de interés fue la orden del Departamento de Justicia (DOJ) a Nueva York para levantar los cinco cargos de corrupción que pesaban sobre el alcalde de la ciudad, Eric Adams.
Los fiscales federales de Nueva York presentaron una moción para retirar los cargos contra el alcalde, poniendo fin a una batalla de varios días que desató un escándalo político.
La fiscal federal principal en Manhattan renunció el jueves en lugar de obedecer la orden del DOJ para eliminar los cargos contra el alcalde demócrata.
La dimisión de la republicana Danielle Sassoon era la fiscal federal interina para el Distrito Sur de Nueva York.
Sobre Adams se interpusieron acusaciones relacionadas con el aceptar contribuciones de campaña ilegales y sobornos de viajes gratuitos o con descuento de personas que querían comprar su influencia.
La decisión de eliminar los cargos está relacionada con el interés de que el alcalde ayude con la campaña contra la inmigración irregular de Trump y busque su reelección. Ante esto, hubo protestas en la ciudad de Nueva York.
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