El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, provincia de Zhejiang, sentenció al acusado a la pena de muerte con suspensión de ejecución por dos años, privación perpetua de derechos políticos y confiscación de todas sus propiedades.

Además, ordenó el decomiso de los bienes y ganancias ilícitas obtenidos por Zhang, que serán entregados al tesoro nacional.

En caso de que los montos recuperados no cubran el total, se continuará con su búsqueda y decomiso.

Según el fallo, entre 2011 y 2022 el acusado utilizó su posición en el ICBC para proporcionar ayuda a empresas y personas en asuntos relacionados con financiamiento y nombramientos laborales.

A cambio recibió directamente o a través de terceros sobornos por un valor total de más de 177 millones de yuanes (aproximadamente 24.8 millones de dólares).

El tribunal determinó que estas acciones, la magnitud de los montos involucrados, la gravedad de los hechos y el impacto social negativo son especialmente graves.

De acuerdo con el veredicto, estos actos causaron pérdidas significativas a los intereses del Estado y el pueblo.

Sin embargo, el tribunal consideró factores atenuantes como la confesión voluntaria de Zhang, su cooperación al revelar detalles desconocidos por las autoridades y la devolución de la mayor parte de los bienes malversados, elementos que llevaron a la decisión de no ejecutar la pena de muerte de forma inmediata.

El ICBC, conocido como el banco comercial más grande de China, es una institución financiera clave en el sistema bancario del país y a nivel global.

La detención y condena de este alto exfuncionario forma parte de la campaña contra la corrupción que desde 2012 lanzó con mayor firmeza la dirección del Partido Comunista de China.

El objetivo es acabar con los cuatro estilos de trabajo no deseados: el formalismo, el burocratismo, el hedonismo y la extravagancia.

Sobre este tema, el presidente Xi Jinping dijo que la corrupción es «la mayor amenaza para el Partido y combatirla representa el tipo más exhaustivo de autorreforma».

Según datos oficiales, 58 funcionarios de alto rango fueron investigados el año pasado, mientras que más de 433 mil de menor rango resultaron sancionados.

mem/idm